El 18 de junio se conoció la decisión tomada en la plenaria del Honorable Congreso de la República, de negar la aprobación del informe de conciliación que cerraba el proceso de discusiones sobre la ley de víctimas, conduciendo al archivo, una iniciativa que el mismo Senado había aprobado hace dos años y que había despertado la esperanza de muchos.

El principal argumento para su archivo fue el costo fiscal que acarrearía reparar de manera íntegra a las víctimas. Comprendemos las dificultades que impone el actual déficit fiscal y la responsabilidad de los gobernantes de asegurar la estabilidad fiscal para la nación, sin embargo, invitamos a que se profundice en las implicaciones que tiene la urgencia de adelantar un proceso de reconciliación que asuma la reparación de los daños causados a lo largo de décadas de confrontaciones, y a que se busquen las medidas para asegurar este proceso.

Al lado de esto, queremos poner en evidencia que el proceso significó una gran ganancia para la sociedad y para las propias víctimas.